Bolivia enfrenta insurrección y bloqueos tras aumento de combustibles
La crisis social y política estalla en La Paz por el alza del 86% en gasolina y 163% en diésel
El gobierno de Rodrigo Paz Pereira, que asumió en diciembre de 2025, enfrenta una grave crisis social y política en Bolivia luego de que un aumento de precios en la gasolina y el diésel desatara protestas masivas, bloqueos y una insurrección popular en la sede de gobierno, La Paz. Desde el 18 de mayo de 2026, más de 20 bloqueos afectan las principales rutas nacionales, dejando a la ciudad prácticamente sitiada y con un impacto crítico en servicios básicos, transporte y abastecimiento.
Crisis social y bloqueo de rutas
La tensión en las calles de La Paz y El Alto es palpable, con 18 de los 22 bloqueos activos del país concentrados en el departamento paceño. Esto ha provocado la interrupción del transporte pesado, con más de 20,000 conductores varados, y la paralización de exportaciones. En mercados locales, el precio del kilo de pollo se ha disparado de 45-55 bolivianos a 104 bolivianos, afectando la alimentación de la población.
Además, hospitales reportan escasez de oxígeno e insumos médicos debido a que los manifestantes bloquean el paso de ambulancias y camiones. La recolección de basura también está suspendida parcialmente por la falta de combustible para los vehículos encargados.
Medidas económicas y su impacto
El detonante de la crisis fue la implementación de medidas económicas de corte neoliberal, principalmente el aumento del precio de la gasolina en un 86% y del diésel en un 163%. A esto se sumó la distribución de una denominada “gasolina basura”, que causó daños en motores de transporte y maquinaria agrícola, generando mayor malestar en sectores campesinos y mineros.
Además, la promulgación de la Ley 1720 sobre reclasificación de tierras ha sido percibida como una amenaza a la propiedad campesina, lo que avivó la protesta entre comunidades indígenas.
Conflicto político y fractura interna
El gobierno acusa a Evo Morales, exmandatario y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), de orquestar un “plan macabro” para desestabilizar el orden constitucional. Morales enfrenta actualmente procesos judiciales por delitos graves y se refugia en la zona del Chapare, protegido por sus seguidores.
Por otro lado, la propia administración de Paz Pereira muestra signos de fractura. El vicepresidente Edmar Lara ha criticado abiertamente la respuesta violenta a las protestas y ha denunciado la corrupción. El gobierno desplegó a más de 3,500 policías y militares para intentar abrir “corredores humanitarios”, pero los enfrentamientos dejaron al menos dos muertos, decenas de heridos y 47 detenidos.
Reacciones regionales y panorama de la crisis
La crisis ha polarizado a la región. Estados Unidos, Argentina e Israel expresan su respaldo al gobierno boliviano, mientras que el presidente colombiano Gustavo Petro calificó las protestas como una reacción a la “soberbia geopolítica” y se ofreció a mediar para una solución pacífica.
Con la llegada de nuevas marchas de seguidores de Morales y la radicalización de la Central Obrera Boliviana (COB), el presidente Paz Pereira enfrenta una presión creciente que amenaza su estabilidad política y dificulta la implementación de reformas.
La situación en Bolivia continúa siendo crítica y refleja un conflicto complejo entre demandas económicas, tensiones políticas y la defensa de derechos campesinos e indígenas. Para conocer más sobre las políticas públicas en Bolivia y sus implicaciones, se recomienda consultar las directrices oficiales del gobierno en gob.mx.
