Abogado Eduardo Saint-Hilaire se pone a disposición de la justicia por demanda de diputada Leyvi Bautista
Saint-Hilaire responde a querella por difamación junto a Alofoke Media Group en República Dominicana
El abogado Eduardo Saint-Hilaire anunció públicamente su disposición para enfrentar la demanda por difamación presentada en su contra, al igual que la empresa Alofoke Media Group, propiedad del empresario digital Santiago Matías. La querella fue interpuesta por la diputada Leyvi Bautista y su esposo Jean Claude, y se encuentra en el ámbito de los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología en la Fiscalía del Distrito Nacional.
Contexto de la demanda y respuesta del abogado
El pasado martes, la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) entregó una querella formal contra Eduardo Saint-Hilaire, quien es panelista del programa “Esto no es Radio”. La acusación también incluye a Alofoke Media Group y Alofoke Music, señalándolos de difamación y violación a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
En un mensaje publicado en sus redes sociales, Saint-Hilaire expresó su confianza en que la justicia será el escenario adecuado para resolver el conflicto. “En la vida existen momentos para guardar silencio y momentos para hablar, y la justicia es el mejor espacio para dirimir cualquier diferencia”, afirmó.
El abogado también destacó que, aunque aún no ha sido notificado formalmente, se encuentra preparado para enfrentar el proceso judicial y pidió al Ministerio Público que agilice la instrucción del caso. “Estamos a la espera de que arranque, en buen dominicano, cuanto antes; esperamos que se le dé curso y que arranquen los procedimientos”, puntualizó.
Reacción de Alofoke y expectativas sobre el proceso
Por su parte, Santiago Matías, conocido como Alofoke, manifestó su interés en afrontar el proceso legal con prontitud, al tiempo que solicitó que el sistema judicial actúe con celeridad para que el caso avance sin dilaciones.
El caso ha despertado atención pública por involucrar a figuras mediáticas y políticas, y pone en relieve la aplicación de la Ley 53-07 que regula los delitos cometidos a través de tecnologías digitales en la República Dominicana. Para más información sobre delitos cibernéticos y su marco legal, puede consultarse el sitio oficial del gobierno dominicano.
Este caso continúa en desarrollo y será seguido de cerca conforme avance el proceso judicial, destacando la importancia de la justicia como mecanismo para resolver disputas en el ámbito público y mediático.
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